Reunión de firmas para la consulta popular que busca enjuiciar a los expresidentes.

«Veremos y diremos qué alcance social tendrá el 1 de agosto la Consulta Popular que tanto temen los neoliberales». Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

En mi colaboración de la semana pasada abordé la correlación política que existe entre la democracia representativa (elecciones) y la participativa (sociedad), que califiqué como una “vía democrática para que los ciudadanos injieran en las decisiones del Estado, en la definición de un proyecto de Nación, el uso adecuado de los recursos públicos y una administración eficiente de las dependencias del quehacer gubernamental y de los programas públicos”.

En esta entrega abordaré un tema en ciernes que sin duda alguna es eje fundamental de toda democracia participativa: el de la Consulta Popular 2021 que se tiene programada para el 1 de agosto, a la que se le dio un giro de lo político-social a lo jurídico.

Originalmente la pregunta de la consulta era:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. (Dixti: Presidente de la República).

Es de conocimiento público que el Presidente de la República presentó al Senado de la República el 15 de septiembre del 2020 que se realizara dicha consulta para que los ciudadanos definieran si estaban de acuerdo o no en enjuiciar a los cinco expresidentes de la República, que adujo, incurrieron en delitos graves, como el saqueo de los recursos públicos del Estado mexicano y traición a la patria.

Todos los expresidentes señalados violentaron la soberanía e integridad de nuestra nación con la entrega a compañías extranjeras de nuestros recursos naturales –el petróleo, el gas y los minerales— a cambio de sobornos millonarios y en algunos casos, acciones que de la noche a la mañana los enriquecieron.

Se los describo: Salinas se robó la mitad de la famosa “partida secreta” presupuestal que impuso. En su último año de Gobierno –dio a conocer el periódico Reforma– dispuso 1.350 millones de pesos. Ernesto Zedillo, por su parte, canceló la red de los Ferrocarriles de México y entregó a las compañías ferroviarias de carga norteamericanas, que le aportaron miles de millones de pesos. Vicente Fox no declaró en su patrimonio como Presidente 27 millones de pesos: su esposa Martha Sahagún y el hijo de ella, tenía una cuenta en la que recibían millones de un contratista del Gobierno de Fox, con lo cual financió una constructora beneficiada por el IPAB con el remate de inmuebles a precio de ganga. Nueve meses después de dejar la Presidencia de la República, le regalaron a Fox una empresa de transportes y donativos en su “honor” de compañías fantasmas y personajes ligados a Oceanografía, insignia de la corrupción de su sexenio.

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pusieron en manos de empresas trasnacionales como Odebrecht recursos naturales de la nación, no solo para desmantelar las empresas paraestatales (Pemex y CFE), sino también para obtener beneficios con la “Reforma Energética” de Calderón y el Pacto por México de Peña Nieto.

No obstante esas evidencias, la Suprema Corte de la Justicia Nacional (SCJN) declaró inconstitucional la Consulta Popular aprobada por el Senado, supuestamente porque –hágame usted el favor– vulnera la “presunción de inocencia” de los exmandatarios.

Al Presidente de la República no le quedó de otra más que apelar al derecho de petición nacional del artículo 35 de la Carta Magna, el cual fue aceptado por seis de los 11 magistrados, con la condición de que se reformulara la pregunta original referida, que quedó de esta manera:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encauzados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Desde el punto de vista legislativo, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es derecho de la ciudadanía el votar en las consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión y que si la participación corresponde al menos al 40 por ciento de la lista nominal de electores tendrá un resultado vinculatorio. Por su parte, la Ley Federal de Consultas Populares la define como “mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”.

Este galimatías quedó en manos del INE, que pospuso la Consulta Popular al 1 de agosto próximo y se queja que no cuentan con presupuesto suficiente, como siempre, por lo que redujo casillas, boletas y supervisores.

De la instalación de 104 mil 667 casillas en el país con mil 550 boletas por casilla, y con la participación de 2 mil 318 supervisores y 17 mil 469 instructores previstos, Lorenzo Córdova, presidente del INE, las bajó a 91 mil casillas. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral, a la par, aprobó cuatro cambios en algunos materiales, como la eliminación de los sobres para la lista nominal y bolsas para la reunión de actas, así como la fusión de documentos, con la intención de generar ahorros y porque el cómputo de la consulta se llevaría a cabo la misma noche del 1 de agosto.

También se determinó el uso de boletas impresas e inicialmente se planteó ocupar mil urnas electrónicas y reutilizar las urnas y canceles electorales, marcadores, mamparas y tintas indelebles de las elecciones del 6 de junio. Las papeletas tendrán un tamaño media carta en cuyo adverso se presentará la pregunta y en el reverso la “descripción del tema” en consulta.

Y, por si fuera poco, el INE rechazó utilizar urnas electrónicas, que cada casilla contaría con 2 mil o 2 mil 500 boletas, las cuales (casillas) se estima serán alrededor de 57 mil y se ubicaran en los 300 distritos electorales y no en los 2 mil 517 municipios.

Todo esto porque a Lorenzo Córdova le incomodó que el presupuesto del INE, se redujera de 1 mil 499 millones 392 mil 669.67 pesos a 522 millones de pesos, un tercio de lo que tenía presupuestado.

Veremos y diremos qué alcance social tendrá el 1 de agosto la Consulta Popular que tanto temen los neoliberales, el 40 por ciento de la Lista Nominal de Electores de la población que votaran por el Sí o el NO de este inédito ejercicio de la democracia participativa que espero el INE respete.